El gobierno del presidente Daniel Ortega quitó la nacionalidad a un grupo de nicaragüenses, entre ellos Uriel Pineda, consultor independiente sobre derechos humanos que desde 2014 vive en México.
Ante ese escenario, hace unas semanas solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asilo tras perder su nacionalidad de nicaragüense y en la actualidad continua en ese proceso para obtenerla de manera formal.
En entrevista con MILENIO, Pineda sostuvo que, para el 22 de marzo, aún no ha tenido una respuesta oficial a la solicitud de asilo: “es decir, no se ha dicho que no se me va a conceder, pero tampoco se me ha otorgado”.
En el caso de Pineda, él tiene el status de residente permanente en México, pues desde 2014 vive en este país: “lo que me informan las autoridades mexicanas es que no se ha invalidado ningún documento de residencia, pese a que éstos se encuentran vinculados a la nacionalidad de origen”.
En México, Pineda puede transitar por el territorio mexicano, incluso salir del país, como lo hizo hace algunos días al viajar a Los Ángeles, California, para acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer su situación en una audiencia.
Uriel Pineda explicó que desde 2018, Nicaragua enfrenta una crisis sociopolítica muy profunda y es la reacción del gobierno a ese escenario ha sido la represión reflejada en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Entre ese grupo de presos políticos está Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, la cuidad natal del activista por los derechos humanos.
Hace algunas semanas, el gobierno nicaragüense liberó a 222 personas, conformaban un grupo de elite en función del activismo social y por la democracia, explicó Pineda: “Al ser sacados de sus celdas, subidos a un avión y puestos en Estados Unidos, su principal temor del régimen de Nicaragua es que este grupo se organice y empiece a demandar la apertura democrática y sanción al régimen por las graves violaciones a derechos humanos”.
Pineda expuso que, aunque él no vivía en Nicaragua desde hace nueve años, incidía en el país a través de sus columnas en los diarios nicaragüenses La Prensa y Semanario Confidencial, en el cual buscaba generar opinión pública y cuestionar al gobierno.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega «sigue deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas», afirmó el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, durante una conferencia de prensa el 20 de marzo.
De acuerdo con un informe de Estados Unidos, se acusa al gobierno nicaragüense de «no tomar medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones» tras las protestas de 2018.
Ortega «reforzó la impunidad» de aquellos que violan los derechos humanos si le han sido «leales», añadió.
De acuerdo con Pineda, la legislación nicaragüense no permite que una persona nacida en ese país se le pueda retirar su nacionalidad.
Lo que hizo el régimen para simular una legalidad fue que el 9 de febrero fueron enviados en un avión a Washington los presos políticos y un día después se aprobaron dos cosas en la Asamblea Nacional: la primera de ellas tiene que ver con una reforma constitucional al artículo 21 que reglamenta la adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad.
Pineda consideró que mientras siga el régimen actual no cree que existan condiciones para la reparación del daño, es decir, recuperar su nacionalidad.
Al enterarse de que le quitaron su nacionalidad, Pineda confesó sentirse al principio desconcertado, pues esperaba otras medidas arbitrarias en su contra, pero no un escenario como el que ahora enfrenta.
Con información de AFP
JLMR
De Nicaragua